Capital del desmonte. Dario Aranda
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf –espacio de ONG y técnicos
del norte argentino) con la cooperación técnica de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) reveló que entre 2008 y septiembre de 2012 se desmontaron
en Salta 330.504 hectáreas.
El relevamiento de Redaf, de 40 carillas, llamado “Bosque Nativo en
Salta. Análisis de deforestación y situación del bosque chaqueño en la
provincia”, puntualiza que de las 330 mil hectáreas deforestadas, 98.894 fueron
en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial y 53.202 violando la
restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia (entre 2009 y 2011).
El trabajo precisa que, entre 2001 y 2012, se desmontaron 920.640
hectáreas. “La tasa de desmontes creció con el fin de la convertibilidad
(2001). El interés creciente por habilitar nuevas tierras para cultivos de
exportación y ganadería, empujó los desmontes especialmente hacia el Chaco
Salteño”, confirma la Redaf.
Arrasando vidas
Deforestación y violencia sobre campesinos e indígenas van de la mano.
El informe de Greenpeace, FARN y Vida Silvestre remarca que en Santiago
del Estero aumentaron los conflictos de tierras y “se han vuelto cada vez más
violentos”. Denunció que no se realizan las audiencias públicas (que insta la
ley) antes de autorizar desmontes. Y recuerda que la autorizaciones de desmontes
en zonas “habitadas y/o utilizadas” por comunidades campesinas e indígenas
viola los artículos 19, 24 y 26 de la Ley de Bosques.
Santiago del Estero lleva tres asesinatos en tres años. Sandra Ely
Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010,
en el paraje campesino de San Nicolás. 33 años, dos hijos. Pretendía evitar que
arrasen el monte campesinos.
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), asesinado el 16 de
noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte provincial.
El 10 de octubre de 2012, Miguel Galván, del Pueblo Lule-Vilela y
también del Mocase-VC fue asesinado por un empleado de un empresario sojero (el
Mocase lo llama directamente “sicario”). El crimen sucedió en el paraje Simbol,
en el límite con Salta.
En Formosa, la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) se
mantiene en lucha desde hace cinco años. Asediados por la agricultura intensiva
y el gobierno de Gildo Insfrán, el 23 de noviembre de 2010 sufrió una represión
policial que produjo el asesinato del qom Roberto López. El 9 de diciembre de
2012 fueron atropelladas la beba Lila Coyipe (de diez meses) y su abuela,
Celestina Jara. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció
el día siguiente. La comunidad denunció que “no fue accidente”. La familia
Coyipé es activa luchadora por el reclamo territorial.
El 9 de enero de 2013, en otro dudoso accidente, falleció Juan Daniel
Díaz Asijak, de 16 años. La policía y el gobierno provincial argumentaron que
Díaz Asijak estaba ebrio. El padre del joven, Pablo Asijak, denunció que fue
una golpiza con el trasfondo de la disputa territorial.
El joven era sobrino del líder de la comunidad y referente en la lucha
qom, Félix Díaz.
En Salta aún no hubo asesinatos, pero porque falló la puntería. “Se ha
ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e
indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la
Provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un
conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas
las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias
imposibles de remediar”, advirtió la Defensoría del Pueblo de la Nación en un
informe de catorce carillas, en diciembre de 2012.
La Defensoría recorrió el noreste de Salta (ruta nacional 81, desde
Embarcación hasta el pueblo de Los Blancos, límite con Formosa), donde constató
desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de
leyes, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Vulneración
a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes
irregulares”, es el nombre del trabajo de la Defensoría. “La región visitada se
encuentra sometido a una alta presión desmontadora impulsada por los altos
valores de la soja que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas
centrales de la Argentina desplazándolo hacia el gran chaco argentino y por lo
tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente al sistema
tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría.
